En Costa Rica, el alquiler a corto plazo no está prohibido, pero sí está regulado. Toda persona física o jurídica que alquile inmuebles por periodos menores a un mes debe registrarse como actividad lucrativa ante Hacienda y pagar impuestos como cualquier otra empresa.
Además, según la Ley N.º 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), los alquileres a corto plazo están sujetos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13%, excepto si el arrendador cumple con requisitos para la exención por uso habitacional tradicional (lo cual no aplica para fines turísticos).
Desde 2020, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) exige que todos los hospedajes no tradicionales (como Airbnb, Booking y similares) estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo, en cumplimiento con la Ley General de Turismo (N.º 1917).
Este registro conlleva requisitos como:
Certificación de uso de suelo.
Permiso sanitario de funcionamiento.
Declaración de cumplimiento tributario.
Seguro de responsabilidad civil.
Acreditación de buenas prácticas.
No cumplir con este registro puede generar sanciones administrativas, cierres temporales o permanentes y multas.
Muchos propietarios cometen el error de ver su Airbnb como un “ingreso informal”. En realidad, debe ser tratado como una actividad empresarial:
Requiere llevar contabilidad formal si supera ingresos anuales de ₡112 millones (Régimen Tradicional).
El ingreso debe ser facturado electrónicamente.
Hay obligaciones mensuales y anuales ante Hacienda, incluyendo IVA, renta, y declaraciones informativas.
Desde el punto de vista financiero, operar legalmente también permite:
Deducción de gastos como comisiones, mantenimiento, seguros, intereses hipotecarios.
Mejores posibilidades de financiamiento y relaciones con bancos.
Credibilidad ante posibles inversionistas.
El modelo de alquiler vacacional puede generar hasta 2 o 3 veces más ingreso mensual que un arrendamiento tradicional, pero también involucra:
Mayor rotación de clientes.
Gastos de limpieza, mantenimiento, atención al cliente.
Mayor exposición a inspecciones, fiscalizaciones y riesgo legal si se incumple la normativa.
Por tanto, es clave analizar si el inmueble está bien ubicado, con demanda turística y puede sostener la operación cumpliendo los requisitos legales.
El alquiler a corto plazo en Costa Rica es una excelente oportunidad de generar ingresos pasivos si se hace bien, con planificación legal, contable y estratégica. Operar bajo el radar puede salir caro: sanciones, problemas con municipalidades, pérdida de confianza bancaria, o incluso cierre de operaciones.
Invertir con estructura es invertir con visión.
Si estás pensando en convertir tu propiedad en un alquiler vacacional, te recomiendo asesorarte con expertos en finanzas inmobiliarias, fiscales y legales.
¿Ya operás en este modelo? ¿Tu experiencia ha sido positiva o desafiante? Me encantaría leer tus opiniones o experiencias en los comentarios.
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